La Constitución de Chile en su artículo 1 establece que «el Estado está al servicio de la humanidad y su finalidad es promover el bien común». Por lo tanto, las funciones gubernamentales que le corresponden al Estado, ya sean legislativas, administrativas o judiciales, deben realizarse con base en la función de servicio y la finalidad de promover el bien común.

La Constitución también estipula que los organismos del Estado, así como los titulares y miembros de los organismos gubernamentales, deben actuar de acuerdo con la Constitución y las disposiciones dictadas en virtud de ella.

Para que una acción realizada por un organismo gubernamental sea válida debe contar con la debida autorización previa, el asunto debe ser de su competencia y la acción debe ser ejecutada tal y como está previsto en la ley. De no ser así, se generan responsabilidades y sanciones, tal como lo establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución.

La responsabilidad de los funcionarios públicos

Al asumir un cargo público las personas también adquieren responsabilidades administrativas. Es decir, sus actos en el ejercicio de sus funciones tienen consecuencias susceptibles de ser sancionadas.

Cuando un funcionario público infringe sus obligaciones y deberes debe responder por sus actos. Es por ello que se habla de responsabilidad administrativa. Si las infecciones que comete el funcionario público son probadas se deben aplicar las sanciones correspondientes según la gravedad del caso.

¿Qué mecanismos tiene el estado para verificar si un funcionario público ha incumplido con sus deberes y obligaciones?

Nuestro país cuenta con diversos mecanismos para hacer cumplir las disposiciones y obligaciones que como funcionarios públicos asumen las personas en estos cargos.

Algunas disposiciones impiden el ingreso de funcionarios inadecuados a la función pública y otras sancionan las conductas indebidas. Las sanciones varían según el rango del funcionario público que ha infringido la norma y la gravedad de la acción u omisión que se le atribuye.

Antes de imponer una medida disciplinaria (censura, multa, suspensión o destitución), se debe llevar a cabo un procedimiento que respete los principios de legalidad y debido proceso.

Estos procedimientos consisten en una serie de trámites cuyo objetivo es verificar la existencia de la violación de las disposiciones que establecen los deberes y prohibiciones aplicables a los funcionarios y el principio de probidad administrativa, confirmar la identidad de los infractores y establecer su grado de participación.

Nuestra legislación contempla dos procedimientos disciplinarios para los funcionarios públicos: la investigación sumaria y la investigación administrativa

¿En qué consiste la investigación sumaria?

Una investigación sumaria es un procedimiento que se inicia a funcionarios públicos. Tiene como finalidad investigar y aclarar hechos que están tipificados como faltas administrativas de menor gravedad, que pueden ser sancionados con una medida disciplinaria no expulsiva.

Es un procedimiento breve, que determina la existencia o no de actos y hechos que son considerados como infracciones administrativas. A su vez busca establecer responsables e individualizar el grado de participación de un funcionario en los hechos investigados.

¿Cuál es la normativa aplicable para las investigaciones sumarias?

La normativa que regula todo los relacionado con las investigaciones sumarias y la forma en la cual deben realizarse se encuentran contenidas en la Ley N.º 18.834 de Estatuto Administrativo.

También podemos encontrar normativa con relación a las investigaciones sumarias en Ley N.º 18.833 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; y en la normativa contenida en otros Estatutos Especiales, como del Registro Civil y la Contraloría General de la República.

¿Cuáles son las principales características de una investigación sumaria?

Una investigación sumaria tiene entre sus principales características:

  • Es un procedimiento breve, verbal, que debe finalizar con la elaboración de un acta que tiene que incluir todas las actuaciones que se realizaron durante la investigación.
  • Por ser breve el mismo no debe exceder de 5 días luego de haberse iniciado.
  • Este procedimiento se realiza con el fin de investigar hechos que son considerados faltas o infracciones de menor importancia, según lo establecido en la ley.
  • Luego de una investigación sumaria no se puede aplicar la medida disciplinaria de destitución, salvo las excepciones contenidas en la ley.
  • Es posible sobreseer al funcionario investigado en cualquier estado del procedimiento.
  • Los plazos de la investigación sumaria tienen que entenderse que son hábiles.

¿Qué diferencia existe entre una investigación sumaria y un sumario administrativo?

Como ya lo mencionamos, ambos procesos se llevan a cabo con el fin de investigar las infracciones que se derivan de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Sin embargo, aunque persiguen fines comunes son procedimientos distintos.

La investigación sumaria es un procedimiento corto, de naturaleza oral y que no implica la destitución del funcionario. Un sumario administrativo es un procedimiento largo, con sanciones más severas que pueden incluso llevar a la destitución del funcionario.

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