Realmente NO conviene contratar abogados para estos casos, y las razones son muchas. Acá te contamos por qué.
La finalidad de este artículo es informarle a usted, como afectado por discriminación, que contratar abogado para una situación de este tipo, definitivamente no es el mejor camino a seguir, por lo tanto queremos evitarle costos importantes y que desembolse en abogados que prometen soluciones, que muchas veces terminarán siendo más costosas que el problema que ya atraviesa, salvo el caso excepcional de una discriminación laboral documentada, con abundante prueba y de gran envergadura, que sí podría, en algunos casos, motivar una demanda laboral o auto despido. Pero estos son casos muy excepcionales.
La primera razón para no contratar abogado para estos casos es de costo. Un juicio civil de este tipo puede durar 3 a 5 años, si no se produce acuerdo, y sólo en la etapa de primera instancia, fácilmente el abogado puede facturarle 3 ó 4 millones de pesos. ¿La razón? Son juicios muy largos, con muchas etapas, muchos plazos complejos y breves. Adicional a todo este problema, hay una evidente escasez de receptores judiciales dispuestos a tomar prueba. Los tribunales son extremadamente lentos en resolver y los daños (generalmente morales), son muy difíciles de estimar. Adicionalmente, debe incurrir en gastos de peritajes psiquiátricos y psicológicos, cuya imparcialidad es fuertemente cuestionada por el demandado, así como por el juez, ya que como usted ha pagado sus servicios, naturalmente emitirá un informe que coincida con su teoría del caso, y esta implicancia la conoce el juez sobradamente.
En resumen, los problemas de contratar a un abogado para solucionar esto son 3: altos costos de tramitación, extrema lentitud de los juzgados civiles en la actualidad y, finalmente, una enorme incertidumbre acerca de un resultado favorable. Y si lo anterior no fuera suficiente obstáculo, existe también la posibilidad de recibir una indemnización bajísima, incluso de apenas $500.000 pesos, que no cubrirá ni la sexta parte de los honorarios de abogados y para qué hablar del peritaje y el tiempo y energía invertidos.
Advertido lo anterior, pasemos a analizar la problemática.
La discriminación sexual, religiosa o por creencias, el racismo y la xenofobia están más presentes hoy en las diferentes sociedades. Son innumerables los casos de discriminación que día a día se documentan en todo el mundo. Esto ha obligado a los países a tomar medidas precautorias como la creación de leyes. En Chile esta ley se conoce como la Ley Zamudio.
¿Qué es la Ley Zamudio?
La discriminación cada día se vuelve un problema grave a nivel mundial. Y nuestro país no escapa a esta situación en mayor o menor medida. Esta realidad ha dado origen a la promulgación de la Ley Zamudio.
La denominada Ley Antidiscriminación, es la ley 20.609 promulgada el 12 de julio de 2012 y publicada el 24 del mismo mes, durante el gobierno de Sebastián Piñera, conocida también como Ley Zamudio.
Esta ley de apenas 18 artículos de contenido, establece en su texto las medidas a aplicar en los casos de discriminación arbitraria. Así mismo establece los mecanismos adecuados, como procedimientos judiciales necesarios para restablecer el derecho de las personas víctimas de este flagelo.
Además, ordena el desarrollo y puesta en marcha de políticas que garanticen el goce y libre ejercicio de los derechos fundamentales humanos y civiles de todas las personas. Todo en concordancia con lo contemplado en nuestra Constitución Política.
¿Cuál es el origen de esta ley?
El verdadero origen de la ley Zamudio, se remonta al 22 de marzo de 2005, a partir del mensaje presentado por el expresidente Ricardo Lagos a la cámara de diputados.
Pero no fue sino hasta el 12 de julio de 2012 que fue promulgada, durante la presidencia de Sebastián Piñera. Su promulgación se da a raíz de los hechos ocurridos el 27 de marzo de ese mismo año en el que perdiera la vida el joven Daniel Zamudio, a manos de un grupo de individuos afecto al ideal del neo nazismo, por su condición de homosexual.
Este hecho, no fue el único caso de discriminación ocurrido ese año, aunque si tal vez el más icónico. Puso en evidencia que en la legislación chilena no existía una ley que hiciera frente a los crecientes casos de xenofobia, discriminación sexual o cualquier otro tipo de discriminación que pudieran sufrir las personas.
El caso de Daniel Zamudio sumado a otros tantos ocurridos durante ese mismo año, sirvieron de acelerante para la promulgación de esta ley Antidiscriminación o Ley Zamudio.
El otro caso relevante ocurrido ese año fue el de la jueza chilena Jacqueline Karen Atala Riffo. Ella elevó su demanda hasta la Corte interamericana de los Derechos Humanos, tras haberle sido quitado por el estado su derecho de cuidado sobre sus hijas, por el hecho de su orientación sexual. La juez es lesbiana.
¿Cuál es el objetivo específico de la ley Zamudio?
Como se desprende de su primer artículo, el objetivo de esta ley es establecer las condiciones judiciales que permitan garantizar el restablecimiento de los derechos de las personas víctimas de actos de discriminación arbitraria.
Además, establece la responsabilidad de los diferentes órganos de la Administración del Estado, según sea su competencia, para desarrollar e implementar los planes, leyes y políticas necesarias para garantizar el goce y el reconocimiento de los derechos humanos y civiles de todas las personas, sin que medie ningún tipo de discriminación por su condición o naturaleza.
Y eso es precisamente lo que estipula la Constitución Política de la República, los tratados y las leyes internacionales vigentes, ratificados por Chile.
¿Qué significa discriminación arbitraria?
Para los efectos de la Ley Zamudio, según se establece en su artículo N.º 2, se entiende por discriminación arbitraria: todo acto de discriminación, exclusión, distinción o restricción, con bases en el sexo, la raza, nacionalidad, orientación sexual, ideología religiosa o política, estado civil, etc., que amenace el libre ejercicio y goce de los derechos fundamentales de las personas, cometido por las autoridades, representantes del gobierno o particulares.
¿Cuáles son los beneficios de la Ley Zamudio?
La implementación de esta ley busca erradicar por completo la discriminación arbitraria en nuestro país. Además de garantizar a todas las personas el goce y libre ejercicio de sus derechos fundamentales, así como un trato igualitario ante la ley.
También, producto de esta ley se modifica el artículo 12 del código penal de la República, que trata sobre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal en la comisión de los delitos.
Así pues, se incluye en el mencionado artículo un nuevo aparte con el número 21 que considera como circunstancias agravantes de un delito, que este obedezca a motivos que impliquen segregación, exclusión, distinción o discriminación, ya sea por ideología religiosa o política, sexo u orientación sexual, nacionalidad, raza o color, apariencia personal o al padecimiento de alguna discapacidad o enfermedad. Y en fin cualquier circunstancia que denote cualquier tipo de discriminación.
