La creación del Ministerio de Seguridad Pública en Chile, que comenzó a operar oficialmente el 1 de abril de 2025, representa un cambio estructural profundo en la gestión de la seguridad ciudadana. Esta nueva cartera concentra responsabilidades que antes estaban dispersas, principalmente en el Ministerio del Interior.
También, busca articular de forma más eficiente las políticas y acciones para combatir el crimen organizado, la delincuencia y proteger a la ciudadanía.
Para el sector privado, esta transformación implica una mayor coordinación con las autoridades. Además, conlleva una serie de cambios regulatorios y obligaciones que deben ser entendidas y gestionadas con cuidado para evitar riesgos legales y aprovechar oportunidades.
¿Qué es el nuevo Ministerio de Seguridad Pública?
Este nuevo Ministerio de Seguridad Pública fue creado mediante la Ley N° 21.730, promulgada el 27 de enero de 2025. Lo integran dos subsecretarías:
- La Subsecretaría de Seguridad Pública.
- La Subsecretaría de Prevención del Delito.
Su misión es diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas en materia de seguridad, orden público y prevención del delito. Su objetivo, anticipar riesgos y responder con eficacia a situaciones complejas.
Una innovación importante en este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, es la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol). Este organismo facilitará, la coordinación operativa y el intercambio de información estratégica entre organismos públicos y privados. Integra a Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, y otros organismos del Sistema de Seguridad Pública.
Cambios regulatorios relevantes para el sector privado
Con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, las empresas deberán ajustar sus planes de prevención del delito y cumplir con nuevos estándares de seguridad.
Mayor coordinación y exigencia en seguridad privada
Con el nuevo Ministerio, la seguridad privada adquiere un rol más formalizado dentro del sistema nacional de seguridad. De manera que, las empresas privadas deberán ajustar sus protocolos y contratos para cumplir con los nuevos estándares. Además, deberán integrarse a los sistemas de información y coordinación que promueve el Ministerio.
La reciente Ley de Seguridad Privada de 2024, establece estándares más estrictos para la operación de empresas de vigilancia. Esto incluye requisitos de capacitación, certificación y supervisión, también implica una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Con estos planes, se busca, propiciar, una colaboración más estrecha con las fuerzas públicas. Así como la posibilidad de participar en planes conjuntos de prevención y respuesta.
Obligación de reportar y colaborar en investigaciones
El Ministerio impulsa una política de intercambio de información entre el sector público y privado para combatir el crimen organizado y delitos complejos. Por ello, las empresas deberán estar preparadas para colaborar con las autoridades, facilitando el acceso a registros, cámaras de seguridad, y reportando incidentes relevantes en tiempo real.
La omisión o resistencia a estas obligaciones podría derivar en sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales.
Nuevos protocolos para protección de datos y ciberseguridad
Dado que el Ministerio incluye la Agencia Nacional de Ciberseguridad y el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional). Las empresas, especialmente aquellas que manejan datos sensibles o infraestructuras críticas, deberán cumplir con protocolos más estrictos de protección y reporte de incidentes cibernéticos.
Esto impacta directamente en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo, siendo clave la asesoría legal para evitar multas y daños reputacionales.
Participación en el Sistema Nacional de Protección Ciudadana
El Ministerio crea un sistema único de contacto ciudadano para emergencias (similar al 911), que integra policías, ambulancias, seguridad municipal y Fuerzas Armadas. Las empresas que operan en sectores críticos o con alta exposición a riesgos deberán coordinarse con este sistema, adaptando sus planes de emergencia y protocolos de respuesta para alinearse con las directrices oficiales.
¿Qué deben considerar las empresas para adaptarse a las nuevas regulaciones?
Entre los principales aspectos que deben considerar las empresas para adaptarse a las nuevas regulaciones de ministerio de seguridad Ciudadana, tenemos:
- Revisión y actualización de contratos y políticas internas: Incorporar cláusulas que contemplen la colaboración con el Ministerio y sus organismos, incluyendo la entrega de información y cumplimiento de protocolos de seguridad.
- Capacitación y certificación del personal de seguridad privada: Asegurar que los guardias y supervisores cumplan con los nuevos estándares legales y técnicos.
- Implementación de sistemas tecnológicos compatibles: Facilitar la interoperabilidad con las plataformas de coordinación policial y de ciberseguridad.
- Asesoría legal continua: Mantenerse informados sobre la evolución normativa y participar en capacitaciones o foros promovidos por el Ministerio para anticipar cambios regulatorios.
- Gestión de riesgos y cumplimiento: Desarrollar planes integrales que consideren la prevención del delito, protección de datos y respuesta ante emergencias, alineados con las políticas públicas.
Becker Abogados: Expertos en derecho laboral y comercial para el nuevo escenario
En Becker Abogados contamos con un equipo multidisciplinario que entiende las complejidades del nuevo marco regulatorio en seguridad pública y privada en Chile. Te ayudamos a:
- Interpretar y aplicar las nuevas normativas y protocolos.
- Redactar y revisar contratos de seguridad privada y convenios de colaboración con autoridades.
- Asesorar en protección de datos y ciberseguridad conforme a las exigencias del Ministerio.
- Gestionar riesgos laborales y comerciales derivados de la nueva institucionalidad.
Nuestro compromiso es que tu empresa no solo cumpla con la ley, sino que también aproveche las oportunidades para fortalecer su seguridad y reputación.
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