En Chile, cada vez más trabajadores se atreven a denunciar acoso laboral o sexual dentro de sus lugares de trabajo. Sin embargo, el temor a represalias —como un despido injustificado, cambios arbitrarios de funciones o aislamiento dentro del equipo— sigue siendo una de las principales barreras para ejercer este derecho.
Con la entrada en vigor de la Ley Karin (Ley N° 21.643) en agosto de 2024, el marco legal cambió radicalmente. La ley no solo obliga a las empresas a implementar protocolos claros para prevenir, investigar y sancionar el acoso, sino que también refuerza una protección clave: la Garantía de Indemnidad.
Este principio actúa como un escudo legal que protege a cualquier trabajador que denuncie o declare como testigo en un caso de acoso, asegurando que no pueda ser castigado por ejercer su derecho a defender la dignidad y seguridad en el trabajo.
¿Qué es la Garantía de Indemnidad?
La Garantía de Indemnidad es un derecho reconocido en el Código del Trabajo (arts. 485 y siguientes) y consolidado por la jurisprudencia de la Corte Suprema. En términos simples, significa que los trabajadores no pueden ser sancionados ni despedidos por denunciar, reclamar o testificar en un procedimiento relacionado con la defensa de derechos laborales.
Con la Ley Karin, esta garantía adquiere mayor relevancia, porque ahora la norma establece que quienes denuncien acoso laboral o sexual, o quienes participen como testigos en la investigación, deben estar protegidos de cualquier represalia.
La lógica detrás de este derecho es clara: si los trabajadores sienten que al denunciar se arriesgan a perder su empleo, el sistema se vuelve ineficaz. La Garantía de Indemnidad busca derribar ese miedo y fomentar que la verdad salga a la luz.
La Garantía de Indemnidad y la Ley Karin: un vínculo directo
La Ley Karin introdujo cambios estructurales en la forma en que se abordan las denuncias de acoso en Chile. Entre sus principales disposiciones destacan:
- La obligación de implementar protocolos internos en todas las empresas, con procedimientos claros para recibir y tramitar denuncias.
- La garantía de que tanto la víctima como los testigos estarán protegidos contra despidos y sanciones.
- La posibilidad de recurrir a la tutela laboral si el empleador vulnera este derecho.
- La fiscalización activa de la Dirección del Trabajo, que puede sancionar a las empresas que no resguarden a denunciantes o testigos.
Gracias a la Ley Karin, la Garantía de Indemnidad deja de ser un principio general para transformarse en un mandato específico y obligatorio en los casos de acoso laboral y sexual.
¿En qué situaciones se aplica esta protección?
La Garantía de Indemnidad ampara al trabajador en múltiples escenarios, que van más allá de la simple denuncia. Algunos ejemplos concretos son:
- Denuncia interna: cuando el trabajador recurre a los canales de recursos humanos o al comité de prevención del acoso en la empresa.
- Denuncia externa: presentada ante la Dirección del Trabajo o tribunales de justicia.
- Participación como testigo: cuando un trabajador declara en favor de un compañero que denunció acoso.
- Acciones judiciales: demandas de tutela laboral u otros juicios relacionados con derechos fundamentales.
- Fiscalización laboral: cuando el trabajador colabora en inspecciones de la Dirección del Trabajo.
En todos estos casos, el empleador no puede tomar represalias, ni siquiera bajo la excusa de reorganizaciones internas o necesidades de la empresa.
Conductas que constituyen represalias
No todas las represalias son tan evidentes como un despido. La ley y la jurisprudencia reconocen múltiples formas de vulneración de la Garantía de Indemnidad:
- Despido inmediato tras la denuncia o durante el proceso de investigación.
- Cambios injustificados en funciones, horarios o lugar de trabajo, buscando aislar o incomodar al denunciante.
- Sanciones disciplinarias sin fundamento real, como amonestaciones inventadas.
- Hostigamiento laboral o social, promoviendo un ambiente adverso para que el trabajador renuncie.
- Restricciones de beneficios que antes eran habituales, como bonos, capacitaciones o permisos.
Lo central es que exista una relación entre la acción del trabajador (denunciar o testificar) y la respuesta negativa del empleador. Si ese vínculo se demuestra, los tribunales aplican la protección de la Garantía de Indemnidad.
¿Qué hacer si tu empleador vulnera la Garantía de Indemnidad?
Un trabajador que sufre represalias tiene distintas vías de acción:
- Denunciar ante la Dirección del Trabajo: este organismo fiscaliza y puede sancionar administrativamente al empleador.
- Presentar una demanda de tutela laboral: mecanismo judicial que protege los derechos fundamentales en el trabajo.
- Solicitar la nulidad del despido: si el trabajador fue despedido, puede pedir su reincorporación, además del pago de remuneraciones y cotizaciones no percibidas.
- Indemnizaciones adicionales: los tribunales pueden condenar al empleador a pagar compensaciones por daño moral y material.
Con la Ley Karin, los jueces aplican criterios más estrictos, lo que fortalece la posición del trabajador frente a represalias.
Un derecho clave en tiempos de la Ley Karin
La Garantía de Indemnidad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que asegura que el miedo no sea un obstáculo para denunciar el acoso laboral. Con la Ley Karin, esta protección se fortalece, convirtiéndose en un eje central del nuevo marco de prevención y sanción del acoso en Chile.
Para los trabajadores, significa seguridad para defender su dignidad. Para los empleadores, implica un recordatorio de que respetar este derecho no es opcional, sino un deber legal y ético.
Becker Abogados: tu defensa frente a represalias y acoso laboral
En Becker Abogados sabemos que denunciar acoso laboral o sexual es un paso difícil, y aún más lo es enfrentar represalias posteriores. Por eso, nuestro equipo se especializa en:
- Acompañar al trabajador antes, durante y después de la denuncia, evaluando riesgos y protecciones legales.
- Representar en demandas de tutela laboral, asegurando la protección efectiva de la Garantía de Indemnidad.
- Impulsar la nulidad del despido y la reincorporación, cuando el trabajador es separado ilegalmente de sus funciones.
Asesorar a empresas en la correcta aplicación de la Ley Karin, evitando sanciones y promoviendo ambientes laborales sanos.
